Este servicio se encuentra en manos de una concesionaria privada y la situación de dicho contrato es objeto de debate político y legal desde hace meses.
Los videos con los que hoy acompañamos esta reflexión son una muestra de por qué es necesario poner el servicio a la ciudadanía por encima de los intereses de las empresas privadas, las cuales encuentran en los contratos públicos una forma de monopolizar ciertas actividades y alcanzar así posiciones de dominio. Para ello, cuentan con la connivencia, a veces oscura, de organizaciones que se hacen llamar «políticas» que no son más que correas de transmisión de esos intereses.
La situación de los servicios de limpieza de Ponferrada se resume en una palabra: lamentable.
Esta situación de deterioro es debida a la falta de inversión y mantenimiento, que se hurtan en favor de maximizar el ánimo de lucro.
Esta situación es debida a la gestión privada de este servicio, por la que apuestan las distintas facciones de las derechas.
Desde Izquierda Unida hemos defendido y defenderemos la gestión directa de los servicios públicos. Por varias razones:
1) La gestión directa es más barata. Calculamos que en Ponferrada se podrían ahorrar hasta unos 450.000 euros anualmente si se hiciera un uso adecuado y comedido del erario. La privatización de este tipo de servicios supone un sobrecoste debido a que se suma el derroche en beneficios empresariales y el pago de iva.
2) A la parte económica hay que añadir que la gestión directa de estos servicios garantiza su mejor funcionamiento y el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores. El descontrol con el que actúan las empresas concesionarias no es coyuntural según la bondad o no de los representantes políticos encargados de vigilarlas, sino que viene en la misma esencia de la avidez de beneficios que las mueve.
Situaciones como las que ilustran los videos que hoy hacemos públicos son la consecuencia directa de una forma de dar estos servicios, la gestión por concesionarias para las que el único objetivo es exprimir las arcas públicas.
3) Las privatizaciones de servicios públicos son la puerta a la corrupción. Solo mediante la adjudicación de concesiones a entramados empresariales afines pueden llegar a darse situaciones como las descritas en la reciente sentencia del caso Gürtel, la cual señala que en el panorama político español hay organizaciones gestionando dinero público que cuentan con «una estructura financiera y contable paralela a la oficial».
La propuesta de gestión directa de los servicios públicos es de interés para la ciudadanía en tanto que resulta económicamente más satisfactoria y permite una mejor calidad del servicio en la que prime el interés común. Asimismo, favorece la salubridad del sistema político al alejar definitivamente la posibilidad de que estos servicios sean pasto de la corrupción.
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